La quiebra de la seguridad pública en Brasil

Por Glênio S Guedes ( abogado )

Hubo una madrugada —la del 28 de octubre de 2025— en que el país volvió a mirarse al espejo del miedo. La Operación Contención, ejecutada en los complejos de la Penha y del Alemão, dejó más de ciento veinte muertos y un saldo que no se mide en cifras sino en desesperanza. Una vez más, el Estado brasileño intentó recuperar el control del crimen con las armas… y lo perdió con las palabras.

Porque no se trata solo de una guerra en las calles. Se trata de una guerra en el lenguaje. Cada gobierno bautiza su violencia con una gramática distinta: “pacificación”, “neutralización”, “daño colateral”. Los eufemismos se han vuelto escudos, y las palabras, trincheras. El país vive hundido en lo que el escritor Sérgio Rodrigues llama un pantano semántico: ese lugar donde los significados se vuelven viscosos, donde una palabra ya no se parece a lo que nombra. En Brasil, la “seguridad pública” dejó de significar protección de la vida y pasó a significar licencia para matar.

El viejo triángulo de Ogden y Richards —símbolo, pensamiento, referente— se ha roto: la palabra “seguridad” ya no remite a la vida, sino a la voluntad política de quien la pronuncia. Cada gobierno impone su gramática, y en cada gramática inventa un país distinto. La elusividad se volvió política de Estado.Y así como se distorsionó el lenguaje, se distorsionó la realidad.

La economista Joana Monteiro, profesora de la FGV en Río de Janeiro, lo resume con una frase:

“Quien decide hoy son las dos policías. Falta liderazgo civil.”

La fuerza pública gobierna sin política, y la política se esconde detrás de la fuerza. En cada operativo se celebra una victoria momentánea, pero el Estado sale más débil, menos legítimo, más distante de la gente. Como advierte Monteiro, la violencia se ha vuelto un instrumento electoral: se usa para ganar votos, no para salvar vidas.

Mientras tanto, el crimen organizado avanza con inteligencia y tecnología. El periodista Rafael Vázquez y el investigador Bruno Paes Manso describen cómo el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC) manejan redes financieras, criptomonedas y telecomunicaciones seguras, mientras el Estado sigue atado al papel y a la improvisación. El especialista Alberto Kopittke, en su Manual de Seguridad Pública Basada en Evidencias, lo dice sin rodeos:

“La mayoría de las acciones policiales no se basan en evidencia alguna. Son costosas, ineficaces y se repiten como rituales.”

A ese diagnóstico se suma una investigación reciente de Bruno Langeani y Natalia Pollachi, publicada en el Journal of Illicit Economies and Development: entre 2019 y 2023, la circulación de armas de estilo militar creció más de 30%, y muchas de ellas terminaron en manos del crimen organizado. El Estado perdió el monopolio no solo de la fuerza, sino también de la información. Armas sin registro, datos sin transparencia, decisiones sin método: esa es la nueva anatomía del fracaso.

El problema, sin embargo, no se limita a las balas. Tiene raíces más hondas, que atraviesan toda América Latina. El economista colombiano Bruce Mac Master, en su libro El continente de los países resignados, sostiene que nuestra región sufre una enfermedad silenciosa: la resignación estructural. Nos hemos acostumbrado al fracaso como si fuera parte del paisaje. “No tenemos estrategias de desarrollo robustas ni instituciones que las defiendan”, escribe Mac Master. Esa renuncia colectiva explica por qué toleramos lo intolerable, y por qué la violencia se repite sin sorpresa ni memoria.El crimen se organiza como una empresa; el Estado, como un olvido.

La seguridad pública, en verdad, no es un asunto policial: es un asunto de desarrollo humano. Sin educación, sin empleo y sin justicia, ningún operativo puede devolverle al país su dignidad. La solución no es la represión, sino la planificación. Un nuevo pacto nacional debería combinar inteligencia civil, políticas sociales y evaluación constante de resultados. Un país que no planea su futuro está condenado a repetir su tragedia.

Brasil, como casi toda América Latina, necesita recuperar el derecho a soñar con políticas públicas que duren más que un mandato. Porque soñar, en este contexto, no es fantasía: es estrategia. Mientras el Estado siga confundiendo ruido con gobierno y muerte con autoridad, continuará navegando en su pantano semántico, creyendo que los nombres sustituyen a las soluciones.

Cuando la palabra “seguridad” vuelva a significar vida —y no miedo—, tal vez podamos decir que el Estado ha renacido. Hasta entonces, la violencia seguirá siendo el idioma oficial de un país que perdió el sentido antes de perder el control.