A Gustavo Petro le faltó estudiar latín y portugués: una lectura filológica del fallo del Consejo de Estado

Nombrar un acto no lo legitima; a veces apenas lo disimula...

Por Glênio S Guedes (abogado de Brasil)

En Colombia —vista desde afuera, pero leída con atención— hay decisiones judiciales que llegan como quien pone orden en una conversación que ya se había alargado demasiado. La reciente providencia del Consejo de Estado, al confirmar los límites a las alocuciones presidenciales, tiene ese aire: no levanta la voz, pero la regula.

Se dirá, con razón, que el asunto es jurídico. Que se trata del derecho fundamental a la información, del pluralismo, de los límites al uso de los medios públicos. Todo eso es cierto. Pero también lo es —aunque se diga menos— que el caso tiene algo de lección sobre el lenguaje. Porque, como bien se sabe en estas tierras de discursos largos, no es lo mismo hablar que saber cómo se llama lo que se dice.

El presidente Gustavo Petro ha hecho uso frecuente de las alocuciones, ese mecanismo institucional que permite dirigirse a toda la nación sin intermediarios. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo que llamó la atención —y finalmente la del tribunal— fue la reiteración, la duración y, digámoslo sin rodeos, la falta de justificación suficiente de algunas de esas intervenciones.

Y entonces apareció el derecho, que a veces llega tarde, pero llega.

El fallo no prohíbe al presidente hablar —faltaba más—, pero le recuerda que incluso la palabra oficial tiene reglas. Que el uso de un servicio público no es un cheque en blanco. Que la frecuencia, cuando se desborda, deja de ser comunicación y empieza a parecer ocupación.

Ahora bien, lo interesante no está solo en la decisión, sino en la palabra que la rodea: alocución. Una palabra antigua, de buena familia latina —allocutio—, que en su origen designaba un discurso dirigido, puntual, casi ceremonial. Un general hablaba a sus tropas; un magistrado, a la comunidad. Y luego callaban. Porque también el silencio tenía su turno.

El portugués, siempre celoso de ciertas precisiones, conserva esa idea con bastante fidelidad. Alocução es, por naturaleza, breve. Tanto que decir “alocución breve” roza el pleonasmo, como quien insiste en lo evidente. Un pequeño exceso de precisión, elegante si se quiere, pero innecesario. La brevedad ya venía incluida en el equipaje de la palabra.

El español, en cambio, más generoso —o más permisivo— ha dejado que la alocución se estire. Puede durar, repetirse, ocupar espacio… sin que el idioma se inmute demasiado. Y ahí, como suele pasar, lo que el lenguaje tolera, la práctica lo amplifica.

Hasta que alguien pone el freno.

Eso fue lo que hizo el Consejo de Estado. Sin alboroto, sin estridencias, recordó que el problema no es que el presidente hable, sino que lo haga de tal manera que termine desplazando a los demás. Porque cuando una sola voz se vuelve demasiado frecuente, demasiado larga, demasiado omnipresente, las otras no desaparecen —pero se vuelven bajitas, casi inaudibles.

Y eso, en una democracia, no es un detalle menor.

El derecho a la información no consiste solo en recibir datos, como quien recibe el pronóstico del clima. Es, sobre todo, el derecho a vivir en un entorno donde las voces circulen sin que una sola ocupe todo el aire. Donde haya espacio para la réplica, para la duda, para esa saludable desconfianza que mantiene vivas a las sociedades.

Por eso, la decisión del tribunal tiene algo de acto de equilibrio. No censura, pero ordena. No silencia, pero mide. Exige que cada alocución tenga justificación, que no se repita sin necesidad, que no se prolongue más de lo debido. En otras palabras, devuelve a la alocución su condición original: la de ser un acto excepcional, no una presencia permanente.

Y es justamente ahí donde la decisión revela su filo más fino. Visto así, el fallo también puede leerse como una corrección semántica. Como si el derecho hubiera salido en defensa del lenguaje. Porque una alocución que se repite sin descanso, que se alarga sin límite y que se emancipa de toda justificación, deja de ser una alocución. Se convierte en otra cosa: en costumbre, en rutina, en una especie de monólogo oficial con vocación de paisaje.

Y ya se sabe que los paisajes, por hermosos que sean, terminan cansando cuando dejan de sorprender.

Tal vez por eso el título de este texto se permite una pequeña malicia. No se trata de exigirle al presidente declinar sustantivos latinos ni conjugar verbos portugueses. Pero sí de recordar —con la cortesía que a veces falta en la política— que las palabras tienen límites, y que cuando se las fuerza demasiado, terminan revelando algo más que un descuido lingüístico.

Revelan una forma de ejercer el poder.

Porque, al final, el problema no es de gramática.

Es de medida.Y pocas cosas revelan tanto el poder como la manera en que se pierde.