Colombia y el juricidio silencioso: cuando la desconfianza destruye la democracia antes que los tanques

La muerte lenta del Estado de derecho en tiempos de polarización

«Colombianos: las armas os han dado la independencia; las leyes os darán la libertad.» — Francisco de Paula Santander

La democracia no comienza en las urnas; comienza en la confianza de que todos respetarán el resultado de las urnas.

Por Glênio S Guedes (abogado de Brasil)

Hay afectos que no necesitan partida de nacimiento. Colombia es uno de ellos para mí. Escribo estas líneas no como colombiano, sino como un brasileño profundamente enamorado de este país, convencido de que las amistades sinceras también se expresan cuando se comparten preocupaciones.

La inquietud que hoy me mueve no gira alrededor de un gobierno, de un candidato ni de una elección concreta. Es más profunda. Llamaré juricidio silencioso al proceso mediante el cual una sociedad deja de confiar, poco a poco, en el Derecho como árbitro legítimo de sus desacuerdos políticos. No se trata de derogar una Constitución ni de clausurar un tribunal. Se trata de algo más sutil: vaciar de autoridad moral a las instituciones encargadas de resolver pacíficamente los conflictos políticos.

Las constituciones rara vez desaparecen de un día para otro. Antes de ello, suelen sufrir un desgaste silencioso. Siguen ocupando un lugar de honor en los discursos oficiales; el inconveniente comienza cuando dejan de ocuparlo en la conducta de quienes los pronuncian. Ese es el verdadero riesgo: que el Derecho continúe existiendo en los textos, pero deje de existir en la confianza de los ciudadanos.

La democracia liberal descansa sobre una verdad sencilla y exigente: nadie es dueño del poder. La Presidencia no es una finca hereditaria, ni una escritura perpetua, ni una recompensa concedida por la historia. Es un mandato constitucional con fecha de expiración. Quien gobierna administra temporalmente una responsabilidad que pertenece a la República, no a su proyecto político.

Por eso, la transición del poder no constituye un gesto de cortesía entre adversarios, sino una institución esencial del Estado de derecho. Quien entrega el gobierno no le hace un favor al sucesor; honra un compromiso con la Constitución. Quien lo recibe tampoco hereda un patrimonio propio; asume un deber limitado por las mismas reglas que hicieron posible su elección.

Colombia conoce mejor que muchos países el precio de sustituir la violencia por el imperio de la ley. La Constitución de 1991 representó mucho más que una reforma institucional: simbolizó la esperanza de que las diferencias políticas dejaran de resolverse por la fuerza para encontrar cauce en el Derecho. Precisamente por eso, toda desconfianza sistemática hacia las instituciones constitucionales merece ser examinada con especial cuidado.

Naturalmente, una democracia reconoce el derecho de impugnar una elección, exigir transparencia, acudir a los jueces y cuestionar procedimientos cuando existan fundamentos para ello. Ese es el lenguaje propio del Estado de derecho. Muy distinto es convertir la sospecha permanente en sustituto de la prueba o desacreditar de antemano a las instituciones llamadas a decidir. Una democracia puede soportar una controversia jurídica; difícilmente sobrevive cuando la sospecha reemplaza de manera permanente al Derecho.

América Latina conoce demasiado bien esa historia. Cambian los protagonistas, cambian las banderas y cambian los discursos; lo que rara vez cambia es la tentación de creer que toda derrota propia sólo puede explicarse por la ilegitimidad del vencedor. Es una tentación transversal que no reconoce fronteras ideológicas. Cuando la política deja de discutir programas para disputar la legitimidad misma de las reglas comunes, el conflicto deja de ser electoral y empieza a ser constitucional.

Allí comienza el juricidio silencioso. Las instituciones dejan de ser árbitros para convertirse, según la conveniencia del momento, en aliadas o enemigas. Si una decisión favorece mis intereses, el tribunal encarna la justicia; si los contradice, se transforma en instrumento de conspiración. Con semejante lógica, el Derecho pierde su función pacificadora y la República queda a merced de la desconfianza.

La prueba más difícil para una democracia nunca ha sido aprender a ganar. Es aprender a reconocer que el adversario también puede gobernar legítimamente cuando así lo disponen las reglas constitucionales. Ese reconocimiento no exige renunciar a las convicciones, sino aceptar que la alternancia es precisamente lo que distingue a una república de una causa personal.

Quizá esa sea la mayor lección que Francisco de Paula Santander continúa ofreciendo a Colombia y, en realidad, a toda América Latina. La libertad no depende únicamente de que existan leyes, sino de que exista una ciudadanía dispuesta a confiar en ellas, incluso cuando su aplicación favorece al adversario. Porque las constituciones no fracasan el día en que son derogadas. Empiezan a fracasar mucho antes: cuando dejan de ser el lugar donde una nación decide confiar.

Si Colombia consigue preservar esa confianza, habrá obtenido una victoria mucho más importante que cualquier triunfo electoral. Habrá demostrado que el verdadero vencedor, después de cada elección, no debe ser un partido, un líder ni una ideología, sino la Constitución misma, único espacio donde una sociedad plural puede seguir encontrándose sin dejar de discrepar. Esa sería, también para quienes la admiramos desde fuera, la mejor noticia que podría ofrecer la democracia colombiana.