Criptoactivos: ¿innovación financiera o escudo patrimonial?

“Las criptomonedas poseen valor económico e integran el patrimonio del deudor.”(STJ, REsp 2.127.038/SP)

Por Glênio S Guedes ( abogado de Brasil )

Durante siglos, el patrimonio tuvo cuerpo. Se podía señalar con el dedo: la finca, el caballo, la casa de esquina, la cuenta bancaria. El Derecho sabía dónde tocar y cómo embargar. El deudor respondía con sus bienes presentes y futuros, y el juez, con cierta solemnidad romana, convertía esa frase en acto.

Hoy el patrimonio a veces no tiene cuerpo. Tiene código.

Los criptoactivos —esas criaturas nacidas en la desconfianza hacia el Estado y la banca tradicional— se mueven en redes descentralizadas, viven en cadenas de bloques y obedecen a claves privadas que no figuran en ningún registro notarial. Funcionan sin ventanilla y sin gerente. Y eso, para algunos deudores ingeniosos, suena como música celestial.

Pero el Derecho, que no suele impresionarse con novedades técnicas, observa el fenómeno con calma. El Superior Tribunal de Justicia de Brasil, en una decisión reciente, afirmó algo que parece simple y, sin embargo, cambia el tablero: las criptomonedas tienen valor económico y forman parte del patrimonio del deudor .

Nada más clásico que eso. Si tiene valor, es patrimonio. Y si es patrimonio, responde por las deudas.

La pregunta, entonces, no es si los criptoactivos son “moneda” en sentido técnico. No lo son. Tampoco están respaldados por un banco central ni gozan de curso legal obligatorio. Pero eso importa menos de lo que algunos suponen. El proceso ejecutivo no exige que el bien sea moneda; exige que sea susceptible de valoración económica.

En Colombia, el artículo 2488 del Código Civil y las reglas procesales sobre embargo descansan en la misma lógica universal: el deudor responde con su patrimonio, salvo excepciones expresas. Y los criptoactivos no figuran en ningún catálogo de inembargabilidad.

Lo interesante comienza cuando dejamos el plano teórico y descendemos al terreno práctico.

La blockchain fue concebida para operar sin intermediarios. “Not your keys, not your coins”, dicen los entusiastas: si no tienes la clave privada, no tienes el activo. Traducido al lenguaje procesal: si el juez no tiene cómo acceder a la clave, no puede ordenar la transferencia. La tecnología, que prometía libertad financiera, empieza a parecer una muralla.

Sin embargo, no todos los criptoactivos están en el limbo digital absoluto. Muchos reposan en exchanges centralizadas, plataformas que identifican a sus usuarios, almacenan información, cumplen deberes tributarios y, en la práctica, custodian activos. Allí la historia cambia: el embargo se parece bastante al que recae sobre una cuenta bancaria tradicional. Se oficia, se bloquea, se liquida.

El problema serio no es jurídico; es técnico. Cuando el activo está bajo control exclusivo del titular —en una billetera cuya clave solo él conoce— el juez puede ordenar, puede exhortar, puede imponer medidas coercitivas, pero no puede fabricar la clave privada. El poder de imperio del Estado encuentra un límite en la arquitectura del código.

¿Significa eso que los criptoactivos son el nuevo paraíso de la insolvencia estratégica? No necesariamente. Significa, más bien, que la ejecución civil entra en una fase de adaptación.

En Brasil se ha creado el llamado “CriptoJud”, una herramienta que conecta al Poder Judicial con las plataformas de criptoactivos para facilitar bloqueos y localizaciones. No resuelve el universo de la blockchain pura, pero reduce el margen de ocultación en el ecosistema regulado. Es la soberanía intentando ponerse al día con el algoritmo.

Y aquí conviene una pequeña dosis de ironía: durante años se pensó que la descentralización eliminaría la necesidad de confiar en instituciones. Ahora los mismos operadores del mercado cripto buscan seguridad jurídica, regulación clara y reconocimiento estatal. La libertad absoluta, como tantas veces en la historia, termina pidiendo reglas.

Para el público jurídico colombiano, la lección es clara: los criptoactivos no son una excentricidad pasajera ni un simple instrumento especulativo. Son bienes digitales con valor económico, y como tales deben ser incorporados al análisis de la responsabilidad patrimonial. Ignorarlos sería ingenuo; considerarlos intocables, aún más.

El conflicto de fondo no es entre modernidad y tradición. Es entre dos formas de organizar el poder sobre el valor: la descentralización técnica y la jurisdicción estatal. El proceso ejecutivo representa el momento en que el Estado dice: aquí termina la autonomía del deudor y comienza el derecho del acreedor.

Los criptoactivos no eliminan esa tensión; la hacen visible.

Tal vez, dentro de algunos años, embargar un token sea tan rutinario como embargar un vehículo. O tal vez surjan nuevas formas de ocultamiento que obliguen al Derecho a reinventarse otra vez. Lo cierto es que el patrimonio, aunque se vuelva intangible, no deja de ser patrimonio.

Y mientras haya crédito impago, habrá juez dispuesto a buscarlo —aunque tenga que hacerlo en una cadena de bloques.