El Derecho no es verdadero ni falso: es metodológicamente responsable —o no lo es

Por Glênio S Guedes ( abogado de Brasil )

Como abogado brasileño que observa el derecho colombiano, lo hago con la cercanía de quien comparte la tradición jurídico-continental y con la distancia suficiente para notar ciertos hábitos que, por repetidos, a veces pasan inadvertidos. Uno de ellos es particularmente persistente: hablar del Derecho como si fuera un tribunal de la verdad, un laboratorio donde las decisiones se clasifican entre verdaderas y falsas, correctas o equivocadas, casi como si el juez llevara bata blanca y microscopio.

La imagen es sugestiva, pero engañosa. El Derecho no fue creado para descubrir verdades ocultas ni para revelar, con precisión científica, cómo ocurrieron las cosas o cuál es el sentido último de la justicia. El Derecho fue creado para decidir conflictos. Y decidir conflictos no es lo mismo que decir la verdad. Es, más bien, poner un punto final institucional a discusiones que, sin ese cierre, podrían prolongarse indefinidamente —como ciertas polémicas públicas que en Colombia sobreviven a reformas, gobiernos y generaciones enteras.

Por eso, la pregunta central no debería ser si una decisión jurídica es verdadera o falsa, sino si es metodológicamente responsable.

El Derecho no describe el mundo: lo organiza. Cuando se ocupa de los hechos, no lo hace como el historiador ni como el científico natural, sino como una institución que necesita transformar relatos contradictorios, pruebas incompletas y versiones interesadas en una base suficiente para decidir. El llamado “hecho probado” no es el hecho tal como ocurrió, sino el hecho tal como el procedimiento permite reconocerlo. Puede incomodar a los amantes de la verdad pura, pero es una virtud institucional, no una falla moral.

Aquí aparece una confusión recurrente, tan elegante como peligrosa: la que mezcla valores con decisiones. Se dice que los jueces deben decidir conforme a valores, como si los valores descendieran del cielo jurídico y se aplicaran solos, sin esfuerzo ni mediación. Pero los valores, por sí mismos, no deciden nada. Lo que decide es la valoración: el acto concreto mediante el cual una autoridad transforma referencias abstractas —justicia, igualdad, dignidad— en razones jurídicas específicas, situadas y vinculantes.

El problema no es que el Derecho tenga valores. Sería imposible que no los tuviera. El problema surge cuando los valores se convierten en atajos retóricos para evitar explicar cómo se llegó a una conclusión. Cuando una sentencia afirma que algo es justo sin mostrar el camino que llevó hasta allí, no está siendo profunda; está siendo perezosa. Y la pereza argumentativa, en el Derecho, suele disfrazarse de solemnidad.

La legitimidad del Derecho no depende de su cercanía con la verdad ni de su alineación con la moral dominante del momento. Depende de algo más humilde y, por eso mismo, más exigente: el método. Una decisión jurídicamente responsable es aquella que muestra sus cartas. Que explica de dónde parte, qué normas utiliza, qué hechos considera relevantes, qué argumentos descarta y por qué. No promete infalibilidad, pero sí control.

El error es humano. La arbitrariedad, no.

Hablar de responsabilidad metodológica no significa convertir al juez en una máquina fría ni negar la experiencia, la intuición o el buen juicio. Al contrario: significa exigir que todo eso sea traducido en razones. En el Derecho, la intuición sin explicación no ilumina; encandila. Y un Derecho que encandila puede impresionar por un momento, pero rara vez convence de manera duradera.

En Colombia, esta reflexión no es un lujo teórico ni un capricho académico. Aquí conviven, con una armonía que a veces sorprende, dos extremos igualmente problemáticos. Por un lado, un moralismo judicial entusiasta, que cree que basta invocar grandes palabras para resolver casos difíciles. Por otro, un formalismo defensivo, que se esconde detrás de citas y fórmulas para evitar la carga —incómoda pero inevitable— de decidir de verdad.

En ambos casos, lo que falta no es sensibilidad ni técnica, sino método. No método como ritual vacío o repetición mecánica, sino como disciplina argumentativa. No método para garantizar decisiones “correctas” en un sentido absoluto, sino para asegurar decisiones responsables, capaces de ser explicadas sin rubor, discutidas sin miedo y revisadas sin drama.

El Derecho no promete justicia perfecta ni verdades eternas. Promete algo más modesto, pero más valioso: decisiones que puedan sostenerse públicamente sin necesidad de recurrir a misterios morales ni a verdades reveladas. Decidir no es descubrir. Decidir es responder institucionalmente.

Cuando el Derecho renuncia a la ilusión de la verdad absoluta y asume, con serenidad, la exigencia del método, no pierde autoridad. Al contrario: gana credibilidad. Y en sociedades como la colombiana, donde la confianza institucional es un bien escaso y frágil, eso no es poca cosa.