El expediente ya no alcanza: por qué el derecho necesita pensar en modo transversal

Por Glênio S Guedes ( abogado de Brasil )

En el derecho actual, los conflictos ya no se limitan a una sola rama. Un mismo hecho puede ser, al mismo tiempo, laboral, penal, administrativo, ambiental y digital. Frente a esta realidad, la teoría del proceso transversal, desarrollada en Brasil sobre todo en el derecho del trabajo, ofrece una herramienta útil también en Colombia: un enfoque que integra saberes y jurisdicciones para responder con más coherencia y eficacia a los desafíos del siglo XXI.

¿Qué es el proceso transversal?

El proceso transversal es un modelo de actuación jurisdiccional que reconoce la complejidad de los conflictos contemporáneos. Propone que el derecho dialogue con otras ciencias (tecnología, sociología, psicología, ciencias forenses) y que las distintas jurisdicciones (penal, laboral, civil, contencioso-administrativa) compartan información y pruebas, siempre respetando garantías como el debido proceso y el derecho de defensa.

Sus pilares son:

• Interdisciplinariedad: el juez no decide solo con base en normas jurídicas, sino también en aportes técnicos y sociales.

• Interconexión de jurisdicciones: las pruebas y decisiones circulan entre tribunales, evitando duplicidad y contradicciones.

• Flexibilización procedimental: los ritos se adaptan al caso concreto, sin perder de vista las garantías constitucionales.

  
  

Ejemplos colombianos

En Colombia, el proceso transversal sería especialmente relevante en situaciones como:

• Trabajo forzoso en zonas rurales: En el Valle del Cauca o en el Catatumbo, casos de trabajo análogo a la esclavitud suelen ser investigados por la Fiscalía General de la Nación (FGN) en materia penal, mientras que las demandas laborales corren ante jueces laborales locales. Un video grabado por un trabajador puede servir tanto para la investigación penal como para la reclamación de derechos laborales, siempre que se garantice su autenticidad y cadena de custodia.

• Conflictos ambientales: En la Amazonía o en el Chocó, un mismo hecho (por ejemplo, minería ilegal) puede generar investigaciones penales, sanciones administrativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y acciones de reparación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El proceso transversal propone que los informes técnicos y las pruebas digitales circulen entre estas instancias.

• Prueba digital en protestas sociales: Durante el Paro Nacional de 2021, videos grabados por ciudadanos fueron usados en investigaciones disciplinarias de la Procuraduría, procesos penales y acciones de reparación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La transversalidad permite que estos archivos sean validados por peritos forenses digitales y analizados en su contexto social por sociólogos y psicólogos.

  
  

Reflexos en la prueba digital

La era digital ha multiplicado las fuentes de prueba: videos de redes sociales, mensajes de WhatsApp, registros de drones, geolocalización. Sin embargo, su uso exige:

• Autenticidad: pericias informáticas para verificar que no han sido manipulados.

• Cadena de custodia: protocolos claros desde la captura hasta su presentación en juicio.

• Validación interdisciplinaria: participación de expertos en tecnología y en ciencias sociales para contextualizar el contenido.

  
  

En Colombia, la Ley 527 de 1999 regula el comercio electrónico y la prueba electrónica, pero la práctica muestra que aún hay desafíos para que un mismo archivo digital sea aceptado en todas las jurisdicciones. El proceso transversal propone estándares comunes y protocolos de cooperación entre tribunales, fiscalías y entidades administrativas.

Consecuencias para el mundo jurídico

Avances:

• Decisiones más informadas: el juez cuenta con un panorama completo del caso, integrando datos técnicos y sociales.

• Eficiencia procesal: se evitan trámites redundantes y decisiones contradictorias.

• Acceso a la justicia: el ciudadano no necesita acudir a múltiples tribunales para resolver un solo problema.

  
  

Desafíos:

• Formación de operadores jurídicos: es necesario incluir en los currículos nociones de tecnología, estadística y ciencias sociales.

• Resistencia institucional: la cultura judicial tradicional tiende a rechazar cambios que impliquen flexibilización.

• Costos y ética: implementar pericias interdisciplinarias requiere inversión y cuidado para no vulnerar derechos fundamentales.

  
  

Conclusión

El proceso transversal no es un “modismo”, sino un paradigma útil para Colombia y toda América Latina. Invita al derecho a abrirse al diálogo con otras ciencias y a coordinarse entre jurisdicciones, sin perder de vista las garantías constitucionales. En un mundo donde un video de 30 segundos puede revelar violaciones graves, el jurista debe aprender a escuchar lo que dice la realidad —con técnica, rigor y humanidad.