El salvavidas roto de la IA generativa: ignorar la epistemología es hundir el proceso penal

“Cuando ya no se pregunta cómo se sabe, cualquier cosa puede parecer verdad.”

Por Glênio S Guedes (abogado de Brasil)

Hay momentos en que el Derecho no cae por crisis, sino por facilidades. Y pocas facilidades resultan tan seductoras como aquellas que prometen respuestas rápidas para problemas que siempre exigieron método, paciencia y algo de desconfianza. La inteligencia artificial generativa —esa máquina que escribe con soltura y responde sin titubeos— ha venido ocupando, con sorprendente naturalidad, espacios que antes requerían estudio. Y, bueno, no deja de ser comprensible: lo que ahorra trabajo suele ganar prestigio.

El entusiasmo, sin embargo, rara vez viene acompañado de cautela. Y ahí empieza el problema.

Porque la cuestión no es si la máquina responde bien, sino si somos capaces de explicar por qué su respuesta debería ser tomada en serio. Pero la respuesta lista tiene su encanto: evita el esfuerzo de dudar y ofrece esa sensación tan reconfortante de haber entendido algo sin haber pasado por el incómodo trámite de comprenderlo de verdad.

Ahí entra la epistemología —esa palabra que muchos prefieren rodear—, no como lujo filosófico, sino como requisito mínimo. No pregunta qué sabemos, sino cómo lo sabemos. Y sin esa pregunta, lo que queda no es conocimiento, sino una versión elegante de la opinión.

En el proceso penal, el asunto es más serio. No basta con que algo suene convincente: debe poder demostrarse. La prueba no es lo que parece cierto, sino lo que puede ser explicado, reproducido y discutido. Dicho sin rodeos: lo que no se deja cuestionar, no debería decidir nada.

Y ahí es donde la IA generativa empieza a fallar por donde menos se espera.

Un caso reciente en el Superior Tribunal de Justicia de Brasil lo deja claro. En una investigación por injuria racial, dos peritajes oficiales descartaron el delito. Hasta ahí, todo en orden. Pero alguien decidió que eso no era suficiente y recurrió a sistemas de inteligencia artificial para obtener una nueva “lectura” del material. El resultado —presentado con la solemnidad de un “informe técnico”— dijo exactamente lo contrario.

El asunto llegó al Habeas Corpus nº HC 1.059.475/SP, bajo la ponencia del ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Y el tribunal, con buen juicio —que a veces todavía aparece—, dejó de lado ese artefacto. No por ilegal, sino por algo más grave: por no ser confiable. En términos simples: sin método verificable, no hay prueba.

Puede parecer obvio, pero el entusiasmo suele tener la costumbre de olvidar lo evidente.

El peritaje tradicional muestra su camino: explica cómo llegó a sus conclusiones, permite ser revisado, admite crítica. La IA, en cambio, entrega respuestas sin revelar del todo cómo las construyó. Funciona como esas historias bien contadas que convencen más por su forma que por su fundamento. Y, curiosamente, eso no ha impedido que se le tenga una confianza casi automática.

El problema se agrava cuando recordamos que el proceso no es solo decisión: es diálogo. El contradictorio —esa vieja garantía que algunos tratan como formalidad— es, en realidad, el método mediante el cual el proceso construye conocimiento. No se trata solo de oír a las partes, sino de permitir que se enfrenten, se cuestionen, se respondan.

La verdad procesal —si se puede llamar así— no cae del cielo: se arma en el intercambio. Es, por decirlo con sencillez, una verdad posible, nacida del debate. Y eso exige algo elemental: que todo lo que entra al proceso pueda ser discutido.

La IA no discute.

No responde, no aclara, no se deja interpelar. Produce resultados que llegan listos, como si fueran conclusiones finales. Y, aun así, influyen en el proceso como si hubieran pasado por el filtro del diálogo. Es una participación sin presencia, una especie de testigo que habla pero no escucha.

Eso no es poca cosa.

Porque una “prueba” que no puede ser controvertida rompe la lógica misma del proceso. No solo debilita el sistema: lo desfigura. Y lo hace, además, con una apariencia de modernidad que tranquiliza más de la cuenta.

A esto se suma otra confusión frecuente: la de probabilidad con verdad. La IA trabaja con patrones, con lo más frecuente, con lo que “suena” más plausible. Pero el Derecho no puede decidir con base en lo probable cuando está en juego algo más serio que una conjetura bien redactada.

Que algo sea verosímil no significa que sea cierto —aunque a veces lo parezca, y eso ya es bastante peligroso.

Además, la IA no solo interpreta datos: los produce. Puede generar contenidos que encajan bien en la narrativa sin haber pasado por la realidad. Se crea, así, un círculo curioso: el sistema fabrica el dato y luego lo explica. Todo muy coherente, todo muy convincente… y, sin embargo, sin garantía de correspondencia con los hechos.

Es, si se quiere, una ilusión bien armada.

Y las ilusiones, en el proceso penal, suelen costar caro.

De ahí la imagen del salvavidas roto. La IA promete sostener, ayudar, facilitar. Y, durante un rato, parece cumplir. Pero no tiene estructura para sostener el peso que se le asigna. Y quien se aferra a ella sin preguntarse cómo funciona, corre el riesgo de hundirse —no por falta de respuestas, sino por confiar demasiado en ellas.

Al final, el problema no está en la máquina.

Está en la tentación muy humana de aceptar respuestas sin exigir razones.

Y cuando esa tentación se vuelve costumbre, el naufragio deja de ser una posibilidad.

Es apenas cuestión de tiempo.