Entre el Crecimiento Acelerado y el Fraude: Reflejos de las Crisis del Master y el Ueno para el Derecho Bancario Latinoamericano

Cómo la orfandad de gobierno corporativo, el autofinanciamiento y la laxitud regulatoria desnudaron el patrimonio público en Brasil y Paraguay.

“La confianza es el principal activo de cualquier sistema financiero, es un bien jurídico; cuando los conflictos de interés la carcomen, el riesgo deja de ser una anécdota institucional para convertirse en un descalabro soberano”.

Por Glênio S Guedes (abogado de Brasil)

Es una ironía casi poética, por no decir una tragedia predecible, que los bancos —esos sobrios templos erigidos en honor a la prudencia— caigan con tanta frecuencia víctimas de la vanidad de sus propios arquitectos. La arquitectura del sistema financiero suramericano ha sido sacudida recientemente por dos descalabros que, si bien ocurrieron en geografías y con proporciones económicas dispares, comparten un innegable y penoso ADN. La liquidación extrajudicial del Banco Master, decretada por el Banco Central de Brasil el 18 de noviembre de 2025, y el aparatoso proceso de resolución del Ueno Bank en Paraguay a finales de 2026, nos obsequian lecciones formidables.   

Para los estudiosos y doctrinantes del derecho bancario en Colombia y el resto de América Latina, mirar estos abismos resulta imperativo. El modus operandi que llevó a la ruina a ambas instituciones desnuda cómo un crecimiento desbocado, arropado en el vistoso ropaje de la innovación tecnológica y el mercadeo agresivo, no fue más que un elaborado espejismo para ocultar burdas jugadas de filigrana financiera: esquemas de autofinanciamiento, direccionamiento ilícito de crédito y una nada elegante captura del erario y del ahorro pensional.   

El embeleso del crecimiento artificial y la captación rampante

Nuestra primera lección advierte sobre los peligros de aplaudir ciegamente los milagros financieros. A fin de cuentas, la hiperaceleración suele ser el preludio de un frenazo en seco. Ambas instituciones fueron capitaneadas por jóvenes y sagaces controladores que, carentes de la flema del banquero tradicional, confundieron la audacia con la temeridad.

En tierras brasileñas, Daniel Vorcaro, de 43 años, ingresó al antiguo Banco Máxima en 2017, tomó su control en 2019 y, tras rebautizarlo como Master en 2021, logró el portento de multiplicar su balance por ocho en escasos cuatro años. Llegó a atesorar 86.800 millones de reales en activos para el año 2025. Semejante proeza se sostuvo sobre pies de barro: una captación cimentada en la venta de Certificados de Depósito Bancario (CDBs) con rendimientos inverosímiles de hasta el 120 % del CDI, utilizando el Fondo Garantidor de Créditos (FGC) no como salvaguarda, sino como un anzuelo seductor para endulzar el oído de inversores ávidos de ganancias fáciles.   

En Paraguay, la historia rima con asombrosa exactitud. Federico Miguel Vázquez Villasanti, un prodigio de 36 años, transmutó al Ueno Bank de una modesta fintech a un jugador de peso mediano tras su lanzamiento en febrero de 2022 y la posterior absorción del Visión Banco en 2024. A punta de una publicidad omnipresente que incluyó el patrocinio de la selección nacional de fútbol y la apertura de suntuosas sucursales, el banco acaparó al 63 % de la población adulta, sumando 2,9 millones de clientes. Con ínfulas de grandeza, en marzo de 2026 coronó la mayor emisión corporativa en la historia del país, colocando 350 millones de dólares en bonos en el exterior. El banco llegó a representar el 8,9 % de los depósitos de Paraguay y 3.200 millones de dólares en activos.   

Autofinanciamiento: El noble arte de prestarse a sí mismo

El corazón de la farsa en ambos casos radicó en una perversión contable tan antigua como la usura: la burla sistemática a los límites de exposición a partes relacionadas. Es de suponer que la ley prohíbe a los dueños usar sus bancos como cajeros automáticos personales, pero la creatividad humana para sortear las normas no conoce fatiga.

La Fiscalía paraguaya documentó que el Ueno Bank canalizó cerca de 146 millones de dólares a tres empresas de su propio grupo económico en un lapso de apenas siete meses. Para dimensionar el despropósito, basta decir que la ley local limita este tipo de operaciones al 20 % del capital regulatorio. Y, como para no dejar dudas de su temeridad, estos créditos se otorgaron sin garantías reales, bastando la mera firma del tomador. El tinglado incluía ventas de cartera castigada por 74 millones de dólares a Vinanzas S.A., una empresa del mismo conglomerado, pagadas, irónicamente, con bonos emitidos por ese mismo grupo. A la hora del colapso, el índice de solvencia era inferior al 50 % del encaje legal exigido, mientras el balance se inflaba artificialmente con 125 millones de dólares en bienes intangibles, es decir, en humo contable.   

Por su parte, el Banco Master hiló aún más fino. Fondos de inversión vinculados al grupo adquirían e inflaban los propios activos de la institución. Según la Policía Federal de Brasil, la joya de la corona del fraude fue la emisión de Cédulas de Crédito Bancario (CCBs) falsas, sustentadas en préstamos por libranza (consignados) que jamás existieron. Una empresa de fachada bautizada como Tirreno se encargaba de generar esta cartera ficticia, corroyendo las entrañas reales de la liquidez del banco.   

La socialización de las pérdidas y el riesgo sistémico

El encanto de estos castillos en el aire se desvanece cuando la cuenta le llega al ciudadano de a pie. El descalabro abandonó el ámbito estrictamente privado cuando se utilizó el dinero de las arcas públicas y de los sistemas pensionales para prolongar la agonía de la insolvencia.

En Paraguay, tras la posesión del presidente Santiago Peña, el gobierno disparó sus depósitos en el Ueno Bank hasta los 869 millones de dólares, lo que equivalía a un perturbador 29 % del total de depósitos de la entidad para junio de 2026. Como si esto no bastara, el Instituto de Previsión Social (IPS) expuso 355 millones de dólares, dejando en vilo las pensiones de 32.000 jubilados.   

El reflejo en Brasil no fue menos doloroso. El Banco de Brasilia (BRB), de carácter estatal, adquirió carteras del Master valoradas inicialmente en 17.000 millones de reales, descubriéndose luego que 12.200 millones correspondían a títulos huérfanos de todo respaldo real. El Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) detectó anomalías severas en más de 250.000 contratos de crédito con pensionados, incluyendo préstamos aprobados sin validación de identidad, un atropello directo a la población más vulnerable.   

Padrinazgos, mermelada y la prueba ácida del regulador

La última lección para el derecho bancario, especialmente pertinente para la Superintendencia Financiera en Colombia, yace en la resiliencia del regulador frente al siempre seductor canto de sirena del poder político.

En Paraguay, el sainete estuvo sazonado con evidentes conflictos de interés. El mismísimo presidente de la República, Santiago Peña, fungió como inversor del holding controlador del banco hasta marzo de 2025. Por su lado, Carlos Carvallo, ungido por Peña como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), había liderado años atrás la financiera que dio a luz al Ueno, lo que arrojó un manto de duda sobre la rigurosidad de su vigilancia. Al reventar la crisis, Peña le exigió la renuncia a Carvallo, desnudando la triste orfandad institucional de un banco central cuyos directivos carecen de periodos fijos y dependen de los vaivenes políticos. El cierre del Ueno, por donde circulaban dos tercios de los pagos electrónicos del comercio, dejó la economía de mostrador paralizada.   

El episodio brasileño también salpicó a las altas esferas, rozando a exministros, senadores e incluso desprendiendo esquirlas hacia magistrados del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, la resolución fue diametralmente opuesta. El Banco Central de Brasil, escudado bajo la Ley Complementaria 179/2021 —que blindó a sus directores con mandatos fijos y desfasados del periodo presidencial— demostró que la verdadera autonomía no se negocia. Soportó estoicamente las presiones y liquidó al Master. Gracias a que la entidad representaba apenas el 0,55 % de las captaciones del sistema brasileño, el choque fue absorbido sin desatar un pánico sistémico.   

En conclusión, para que plazas financieras como la colombiana mantengan su prestigio, no hay paños de agua tibia que valgan. La sacrosanta innovación no puede fungir como patente de corso para saltarse las reglas de compliance. El porvenir del derecho bancario en la región exige castigar con severidad el crédito intrafamiliar corporativo, custodiar con celo dogmático los ahorros del erario público y garantizar una independencia inquebrantable a las autoridades de supervisión. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de banqueros que, con sonrisa de hierro, privatizan el milagro económico y nos socializan amablemente la bancarrota.