Un gobierno de abogados frente a la Constitución de 1991

El discurso de posesión anunció una política de gobierno. Falta saber hasta dónde cabe dentro del Estado Social de Derecho

«Lo Stato non crea diritto, lo Stato crea leggi, e Stato e leggi stanno sotto il diritto».

— Erich Kaufmann, Die Gleichheit vor dem Gesetz (1927), apud Paolo Grossi, Prima lezione di diritto.

Por Glênio S Guedes (abogado de Brasil)

Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia hablando de orden, autoridad y libertad. También habló de megacárceles, fumigación de cultivos de coca, congelamiento del gasto público, reforma tributaria, eliminación del impuesto al patrimonio, fracking, inteligencia artificial contra la corrupción y una transformación profunda del país.

Es, sin duda, un programa de gobierno.

La pregunta que viene después es menos vistosa, pero bastante más difícil:

¿ese programa cabe dentro de la Constitución de 1991?

La inquietud tiene cierta gracia adicional porque este es un gobierno lleno de abogados. Los hay en varias carteras; abundan, además, los egresados de universidades de larga tradición jurídica, entre ellas el Externado. Nada malo hay en eso. Lo curioso sería que, rodeada de tantos abogados, la Constitución tuviera que tocar la puerta para que la dejaran entrar.

Empecemos por algo elemental: la Constitución no obliga a De la Espriella a gobernar como Gustavo Petro.

Colombia puede elegir un presidente de derecha que reduzca impuestos, estimule la empresa privada, busque petróleo, recorte burocracia y endurezca la política de seguridad. Si la Constitución impusiera un solo programa económico, las elecciones servirían poco más que para escoger al administrador de turno.

Pero una cosa es tener libertad para gobernar y otra muy distinta tener libertad frente a la Constitución.

Colombia se definió en 1991 como Estado Social de Derecho. Las tres palabras cuentan.

Por eso, cuando el Presidente promete recuperar el orden, la pregunta no es si el Estado puede ejercer autoridad. Claro que puede. A veces debe hacerlo con toda firmeza. Un campesino extorsionado, una familia expulsada de su tierra o un comerciante amenazado por un grupo armado no necesitan una conferencia sobre la delicadeza semántica de la coerción estatal.

Lo que necesitan es Estado.

Pero Estado sometido al Derecho.

Megacárceles pueden ser una herramienta. No son una política de seguridad completa. Fumigar coca puede formar parte de una estrategia. No resuelve por decreto las causas territoriales, económicas y sociales que permiten que la coca vuelva a sembrarse unas lomas más allá.

Y si la consigna es “orden”, conviene recordar una pequeña exquisitez constitucional: la Constitución colombiana habla de orden justo.

El adjetivo hace todo el camello.

Lo mismo ocurre con la austeridad.

De la Espriella recibe unas cuentas públicas preocupantes y tiene razones para exigir disciplina fiscal. Pero anunciar recortes es la parte sencilla. Después viene la pregunta que suele arruinar las buenas frases:

¿qué va a recortar?

La Constitución no prohíbe la tijera. Pregunta dónde piensa meterla.

Eliminar gasto inútil es una cosa. Reducir la burocracia es otra. Pero ninguna de las dos equivale a desfinanciar la salud, la justicia o los servicios esenciales. El presupuesto también es una manera —poco poética, pero muy eficaz— de volver reales las promesas constitucionales.

En materia tributaria aparece otra tensión.

El Presidente anunció que eliminará el impuesto al patrimonio porque no quiere seguir “castigando” a quienes invierten y producen riqueza.

Pero un impuesto no es un castigo.

El rico no es culpable por ser rico, como tampoco adquiere inmunidad fiscal por haber prosperado. La discusión constitucional es otra: quién tiene capacidad para contribuir, cuánto debe aportar y cómo se distribuye la carga entre todos.

La Constitución colombiana exige que el sistema tributario sea equitativo, eficiente y progresivo.

Obsérvese: las tres cosas a la vez.

Por eso De la Espriella puede eliminar el impuesto al patrimonio. La Constitución no lo obliga a conservarlo. Lo que deberá explicar es qué sistema quedará después.

¿Quién pagará menos? ¿Quién pagará más? ¿Se trasladará la carga al consumo? ¿Se recortará el gasto público? ¿Quién perderá con esos recortes?

Ahí comienza la verdadera reforma tributaria. Lo demás puede terminar siendo apenas una mudanza de impuestos con nombre de reforma estructural.

También el fracking deberá abandonar pronto la comodidad de los adjetivos. Decir que será “responsable y sostenible” suena magnífico. Ahora falta demostrarlo con estudios, licencias, protección ambiental, participación de las comunidades y controles efectivos.

Y hasta la inteligencia artificial anticorrupción tendrá que responder preguntas incómodas: quién alimenta el algoritmo, quién lo audita, quién corrige sus errores y qué garantías tendrá el ciudadano señalado injustamente por una máquina.

La tecnología puede vigilar cada peso público.

Alguien tendrá que vigilar a la tecnología.

Ese alguien se llama Constitución.

De la Espriella prometió ser presidente de todos los colombianos y respetar todas las reglas de la democracia. Conviene tomarlo en serio.

La Constitución de 1991 no le exige abandonar el programa por el cual fue elegido.

Le exige algo más difícil:

realizarlo sin abandonar la Constitución.

Para un gobierno con tantos abogados, no parece una exigencia desmesurada.

Casi parece asunto del oficio.